Comunicado: Anuncio del Plan de Acción Federal

La sola declaración de los Ministros de Hacienda y de Cultura de la Nacional, no alcanzó para borrar los temores e incertidumbres que dejaron los postulados tributarios de la asesora económica FIEL (267/15: Art. 21. — Hasta tanto se sancione una ley que unifique el régimen de gravámenes establecido por las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios de Radiodifusión por Suscripción por vínculo físico y por vínculo radioeléctrico continuará siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes previsto por la Ley Nº 26.522, no encontrándose alcanzados por el aporte de inversión y de pago de la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación previstos por los artículos 22 y 49 de la Ley Nº 27.078.

A fin de dar cumplimiento a lo precedentemente dispuesto, el ENACOM podrá emitir las disposiciones aclaratorias que estime correspondiente, así como ejercer las facultades que establecen el artículo 98 de la Ley N°26.522 y el art. 53 de la Ley N° 27.078.

La disposición del presente no importa tampoco modificar las exenciones vigentes dictadas al amparo del artículo 98 de la Ley N° 26.522 y el art. 53 de la Ley N° 27.078.

Lo volvieron a decir con el decreto 1340) en una posible reforma, que instala en su documento de público acceso la idea de eliminar muchos más gravámenes que el 10% a las entradas de cine, también aquellos que denominan impuestos “de bajo potencial recaudatorio”, que desde ya desfinanciarían en gran medida a la producción Audiovisual y Cultural Nacional, mucho más grave aún es que el informe propone en su página Nº 44 la desaparición de: “el impuesto a los servicios de Comunicación Audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad” – artículo 94 a 97 – de la Ley de SCA. Lo que significa el fin de toda la producción Audiovisual Nacional y por lo tanto el propio INCAA, el INAMU, como así también los incentivos al Teatro, la Radio, la TV Pública y al mismo ENACOM. Nada han expresado las autoridades sobre esto en vísperas de la presentación al Congreso de la Nación la Propuesta de Ley de Comunicaciones Convergentes, que deberá tratar estos te: mas desde Marzo de este año.

Porque entendemos que resignarse significa perder; porque creemos que callar es igual a claudicar; porque confiamos en que nuestra fuerza radica en la solidez de la unión que estamos forjando gracias a la libertad de un debate profundo, amplio y generoso; porque buscamos mejorar la situación de los miles de compañeros que a diario depositan su fe en las instituciones que los contienen y en nosotros, los dirigentes que los representamos; porque siendo trabajadores de la cultura popular sentimos que contribuimos humildemente a la construcción de una identidad nacional; porque sabemos que el camino que tenemos por delante no admite renuncias ni tolera complicidades, las entidades que integramos la Multisectorial hemos decidido luchar unidas en todos los frentes con el firme propósito de escribir nuestra propia historia, que indefectiblemente será también la del audiovisual en la Argentina.

Esta Multisectorial entiende sus demandas en tres ejes fundamentales TRABAJO, IDENTIDAD y DERECHO.

TRABAJO:

No solo ha decaído fuertemente la producción de ficción en el periodo 2015 – 2016 en las principales señales argentina, también se desplaza la participación de nuestros técnicos, actores, directores, autores y otros trabajadores anexos al sector, cuando no se llevan adelante promociones industriales, fomentos específicos para la actividad que permita igualar las condiciones de competencia en el mercado internacional, agravado por la importación de producciones que no contienen ningún valor agregado para la producción del país, ni se le aplica gravamen alguno que pueda subsanar esta falta y destinar desde allí fondos a la producción local. La creciente inflación del 2016 deja a los trabajadores con una gran caída del poder adquisitivo y la pérdida de fuentes laborares por la reducción de presupuestos, implementada tanto en los medios Públicos como en los Privados, conjuntamente con los incrementos de los servicios públicos e impuestos y los costos tecnológicos, la inversión pública o privada se encuentra muy lejos de la realidad internacional. Cuando en Europa se debate la ampliación de Cuota de Pantalla para las OTT, porque hace años han garantizado cuotas onerosas para cada país en las señales de aire y/o cable, el Presidente del ENACOM se expresa definiéndose a favor de eliminar las cuotas de pantalla de contenidos de origen nacional en medios periodísticos. Es importante aclarar que la cuota de pantalla no solo incentiva a la producción nacional, a todo tipo de producción y género, junto con ella van nuestros trabajadores y la sustentabilidad de las fuentes laborales.

IDENTIDAD:

Los contenidos audiovisuales culturales, especialmente la ficción audiovisual, han sido un estandarte social, cultural, económico y de trabajo para la imagen representada de la Argentina, exportando bienes culturales, sociales y turísticos en todo el mundo.
La Multisectorial propone incorporar en la Nueva Ley de Marco Regulatorio lo siguiente:

1) Una importante cuota de pantalla en la Televisión de Aire y Cable, tal como lo hacen muchos de los países grandes productores de contenidos audiovisuales, en igual sentido al debate hoy instalado en la Comunidad Europea.

2) Incentivos y Fomentos a las productoras y señales que produzcan contenidos en el territorio nacional con trabajadores y artistas locales, aportando desde el estado al desarrollo de la Industria Audiovisual y comercializaciones anexas (gastronomía, indumentaria, turismo y otros).

3) Fuertes gravámenes a las producciones extranjeras que limitan las fuentes laborales de todo el sector productivo, buscando estándares de equidad comercial internacional, ya que muchas de las producciones internacionales que llegan al país y vemos en nuestras señales televisivas, están fuertemente subsidiadas por sus países de origen.

Nuestras imágenes no solo representan la presencia de los actores, los escenarios naturales, la calidad técnica, los valores culturales y la capacidad productiva, también el ejercicio comercial en una balanza muy desigual en los intercambios multilaterales de nuestras producciones audiovisuales, que alcanzan cada vez más prestigio pero pierden mercado ante la inequidad con otros territorios.

Mientras nuestros Actores, Autores, Directores, Músicos y Productores ganan prestigio en Festivales Internacionales, otros países llenan miles de horas de contenidos televisivos y nuevas plataformas, gracias a las políticas audiovisuales de sus países de origen, en razón de lo primero, esto último debe cambiar.

DERECHO:

Nuestra mayor atención está puesta en el texto que resulte para la denominada “Nueva Ley de Comunicación Convergente”, esta regirá los destinos de la Industria Audiovisual, y por lo que ha trascendido de su redacción, tendría algunos puntos controvertidos. El más alarmante es que equiparan en el DNU 267/15 a la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones. Esta determinación convierte legalmente a los medios en meros transportadores de una señal digital indeterminada con consecuencias muy negativas como:

1. La imposibilidad del estado de regular los contenidos en las distintas pantallas de forma de asegurar el derecho de los pueblos a la transmisión de su cultura; La pérdida de la regulación de la cuota de pantalla a favor de los contenidos nacionales, la resolución ENACOM 2484/16 dejó sin efecto la fecha de inicio del cálculo de la cuota de pantalla nacional por vía de la derogación de su anterior de AFSCA 474/10. Artículo 1. Es decir, no han podido derogar la ley pero la vacían.
2. Se pone en discusión la recaudación de los gravámenes previstos por la ley que nutren los distintos incentivos a las Industrias Culturales.
3. El riesgo del NO reconocimiento del Derecho de Autor por parte de los Medios y las Empresas de Telecomunicaciones.

Esto último es sin dudas también uno de los pilares de la Industria Audiovisual y de la soberanía cultural de una Nación. Los derechos de los creadores así como los derechos laborales no son impuestos económicos a la actividad audiovisual, sino el reconocimiento social al aporte cultural que realizan los Autores e intérpretes en todas las plataformas, contemplando la plena vigencia de la Ley 11.723, ampliamente reconocida en todo el mundo y que fuera tomada como ejemplo internacional al derecho de propiedad intelectual. Por esto repudiamos los atropellos jurídicos y maniobras reglamentarias en los distintos intentos por coartar los derechos autorales y conexos y/o para los artistas e intérpretes en cualquier parte de nuestro territorio.

La soberanía en la propiedad intelectual y ese ejemplo que hemos sabido dar como nación en la aplicación de los derechos autorales, es y seguirá siendo un motor social, cultural y económico indelegable para la vida Democrática de nuestra Nación.